El presente artículo analiza la concepción y la operativa de la buena administración tanto en el derecho de la Unión Europea como en el derecho español. Concretamente, identifica las distintas manifestaciones que se encierran en la exigencia de buena administración; las divergencias que se advierten entre el derecho español y el de la Unión Europea en relación con las garantías de los ciudadanos; así como la inesperada contribución que esta exigencia de buena administración puede aportar al ordenamiento jurídico español, por su valor orientador para las actuaciones administrativas sin procedimiento y la posición jurídica del ciudadano ante ellas.