Con agradecimiento y satisfacción presento a la comunidad jurídica esta nueva edición de esta obra, que espero sea de gran utilidad para incentivar el debate y la reflexión académica alrededor de una materia tan dinámica como lo es la responsabilidad extracontractual del Estado. En esta edición se incorporó al capítulo II sobre el daño indemnizable en la responsabilidad del Estado, el análisis del pronunciamiento más reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el término de caducidad para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el fin de reflexionar sobre la imprescriptibilidad y no caducidad en reparación directa para los casos de violación de derechos humanos. Asimismo, se adicionó al capítulo cuarto sobre la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por actos terroristas, el análisis de la última providencia de unificación en relación con la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de accidentes con minas antipersonales. Otra de las novedades contenidas en esta edición, es la incorporación de los pronunciamientos más recientes de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en relación con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad; en efecto, en la sección tercera del capítulo sexto sobre responsabilidad del Estado por la administración de justicia, se hace una reflexión sobre la entropía de las sentencias proferidas por las altas cortes y la necesidad de continuar este intenso debate pues en la actualidad no está unificado. Por último, esta edición contiene un nuevo capítulo denominado "Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador", en el que se explica cómo el Estado puede responder por los daños causados en el ejercicio de su competencia reguladora, bien sea cuando éstos se deriven de la expedición de una norma ajustada al ordenamiento superior, o cuando se origine en una disposición que es declarada nula o inexequible según sea el caso. Igualmente, se reflexiona respecto a la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos generados por actos administrativos de carácter general.