Bibliografía: p. [289]-300

La publicación, entre otras normas, del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, no sólo ha supuesto que nuestro sistema sanitario asista al período de restricciones en la inversión más pronunciado y largo de su historia, sino también modificaciones cualitativas en el derecho a la salud tal como lo ostentaba el ciudadano (v.gr., copago farmacéutico, listas de espera, atención a la dependencia), con una clara deriva hacia formas de gestión y responsabilidad privada del servicio público sanitario (sometida en parte al juicio del Tribunal Constitucional en la sentencia 84/2015, de 30 de abril). Desde esta premisa se acomete una revisión de los perfiles constitucional, legal y jurisprudencial del derecho a la protección de la salud como soporte para suministrar respuestas teóricas a uno de los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad los Estados Sociales avanzados: el de establecer un equilibrio entre un sistema sanitario de calidad y que éste sea sostenible, con el telón de fondo de una larga esperanza de vida y de una pirámide poblacional con un alto porcentaje de personas de edad avanzada. El texto analiza asimismo el impacto que la crisis económica origina sobre prestaciones sanitarias de naturaleza singular (como las emergencias de salud pública -crisis del Ébola de 2014- y la investigación y el tratamiento de las enfermedades raras), sobre la articulación del ámbito sociosanitario y sobre la eficaz proyección de la participación pública en la Sanidad, en línea con compromisos plasmados en la Estrategia de la participación de la OMS para el siglo XXI. La obra incluye una referencia a otros sistemas de salud del espacio latinoamericano, con el compromiso de adicionar respuestas y soluciones, a la reestructuración y gestión del sistema de salud.