Incluye referencias bibliográficas.

En la actualidad el terrorismo se ha convertido en un problema global que cada vez afecta a más países y se cobra un mayor número de víctimas. Prueba de ello es la elevada cifra de atentados extremadamente sangrientos que se han perpetrado en todo el mundo contra la población civil desde principios del presente siglo. De entre ellos, pueden destacarse como ejemplo por su especial gravedad los acaecidos en Casa Blanca, Nueva York, Bali, Madrid, Londres, París o Bruselas. Es evidente que hoy en día ningún Estado u organización internacional puede permanecer ajeno a este problema, que ha pasado a ser considerado como uno de los principales riesgos contra la paz y seguridad en las sociedades contemporáneas. Ante la creciente demanda social de una mayor capacidad preventiva por parte de los poderes públicos en materia de ataques terroristas, parece necesaria la incorporación de nuevas estrategias y métodos que permitan aumentar la efectividad de los estados en su persecución. No obstante, el encaje de tales medidas debe producirse siempre desde la óptica del respeto a los derechos fundamentales, pues estos últimos constituyen la base jurídico-política de nuestro sistema de justicia penal, única capaz de restringir legítimamente la libertad del individuo. Con el fin de analizar las prácticas y estrategias que vienen desarrollándose en materia de investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, valorar su eficacia y ponderar la debida proporcionalidad de las mismas en relación con su naturaleza lesiva para los derechos fundamentales, desde la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación, hemos llevado a cabo el Proyecto de Investigación DER2008-06178, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.