El avance de las sociedades modernas se sustenta en el reconocimiento y respeto
de los derechos humanos como cimientos de convivencia y cohesión social. Sin embargo, la persistencia de actitudes de intolerancia y odio hacia determinados colectivos
pone en riesgo estos valores fundamentales, generando dinámicas de exclusión, miedo
e inseguridad. Los delitos de odio, definidos como conductas motivadas por prejuicios
negativos hacia determinadas personas o colectivos, representan una amenaza no solo
para las víctimas directas, sino para el tejido social en su conjunto. En este contexto,
luchar contra estas manifestaciones de discriminación no es únicamente un imperativo
ético, sino también un compromiso político y jurídico de las sociedades democráticas.

La Constitución Española consagra en sus artículos la igualdad y dignidad como
principios rectores del ordenamiento jurídico, que se complementan con la normativa
internacional ratificada por España. Estos principios establecen la base para combatir
los delitos de odio y promover una sociedad inclusiva, plural y respetuosa. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, junto con otras instituciones, tienen un papel crucial en garantizar estos derechos, actuando con eficacia en la prevención, investigación y sanción de
este tipo de delitos, y, sobre todo, en la atención y la protección a las víctimas.