La iniciativa aprobada en 2022 por el Parlamento de las Islas Baleares en la que se instaba a aprobar una ley dirigida a restringir la adquisición de bienes inmuebles en el territorio de las Islas Baleares a no residentes españoles o a residentes sin un residencia mínima de cinco años, así como las iniciativas surgidas en este mismo sentido en las Islas Canarias y en otros países de la Unión como Francia, Italia o Portugal con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda por parte de los residentes en el territorio, plantea si dichas iniciativas se ajustan al derecho de la Unión en la medida en que suponen, entre otras, una vulneración de la libre circulación de capitales. El objetivo de este estudio es analizar si, de acuerdo con el derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia elaborada por el TJUE en relación con las excepciones a las libertades comunitarias y con la posible concurrencia de consideraciones relativas a la protección de intereses legítimos de interés público, resulta viable que, a efectos de garantizar el acceso a una vivienda digna, distintos territorios de la Unión sometidos a una fuerte presión inmobiliaria restrinjan la compra de inmuebles a no residentes.