El Sahel atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la intensificación de la violencia y la expansión territorial de grupos yihadistas como el Grupo de Defensa del Islam y los Musulmanes (JNIM) y la Provincia del Estado Islámico del Sahel (EI Sahel). La fragilidad institucional en Malí, Burkina Faso y Níger ha facilitado la consolidación de estos actores insurgentes, cuyas acciones han desbordado las capacidades de los gobiernos locales y han exacerbado la inestabilidad regional. En 2024, la región ha alcanzado niveles récord de violencia y la retirada de las fuerzas internacionales ha dejado un vacío de poder que los grupos extremistas han aprovechado para expandir su control, mientras que las respuestas represivas de los Estados han agravado el conflicto. Al mismo tiempo, la rivalidad entre los grupos yihadistas ha intensificado la letalidad de sus acciones, sometiendo a la población civil a un ciclo vicioso de violencia y pobreza en áreas cada vez más amplias y menos sujetas al control de los Estados y más bajo control. El avance hacia los países costeros del golfo de Guinea agrava los desafíos fundamentales de gobernanza y seguridad a los que se enfrentan los países de una región en los que las fronteras son porosas, la obtención de inteligencia está fracasando, y la presencia de los gobiernos es mínima. Ello pone de relieve la naturaleza fuertemente expansiva de la amenaza y la urgencia de dar respuestas integrales y coordinadas, que combinen la seguridad con el desarrollo. Lograrlo exigirá a Europa una mayor y más continuada atención y un mayor compromiso durante las próximas décadas. Habrá que ver si se está a la altura de lo que las circunstancias demandan.