Bibliografía: p. 79-87

Entre los economistas, existe un amplio consenso con respecto a que las políticas públicas deben buscar formas de reducir o eliminar los fallos del mercado y las medidas distorsionadoras. Pero Acemoglu y Robinson sostienen aquí que esta conclusión es a menudo incorrecta, porque ignora la política. De hecho, existen fuerzas sistemáticas que a veces convierten la buena economía en mala política, y esta última, por desgracia, prevalece con frecuencia sobre el bien económico.

Los autores subrayan que se debe tener especial cuidado con las repercusiones políticas de las reformas económicas que cambian la distribución de los ingresos o las rentas en la sociedad de un modo que beneficia a grupos ya poderosos. En otros términos, las medidas bien intencionadas pueden inclinar aún más la balanza del poder político en favor de los grupos dominantes, dando lugar a consecuencias adversas para los equilibrios políticos futuros. Así lo muestran una serie de episodios históricos recientes, como la desregulación financiera estadounidense que desembocó en la crisis de 2007-2008, o la privatización de empresas en la Rusia postsoviética, que al debilitar el proceso de reforma política allanó el camino para el ascenso de la oligarquía y el régimen autoritario de Putin.

Acemoglu y Robinson no pretenden afirmar, claro está, que el asesoramiento económico deba rehuir la identificación de los fallos del mercado y las soluciones creativas a los mismos, ni buscan predisponer en contra de la buena política económica. Más bien argumentan que el análisis económico debe identificar, teórica y empíricamente, las condiciones en las que la política y la economía entran en conflicto, y después evaluar las propuestas de medidas teniendo en cuenta este conflicto y sus posibles repercusiones.