La situación vivida durante la pandemia ha puesto a prueba el alcance del Derecho de excepción y, por ende, los fundamentos del propio Estado social y democrático de Derecho. La finalidad última de la regulación constitucional de los estados excepcionales es asegurar la continuidad del sistema democrático tanto en su vertiente institucional como, sobre todo, a la hora de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades en circunstancias excepcionales. En este contexto, precisamente, la pandemia ha hecho aflorar la especial y delicada situación en la que se encuentran ciertos grupos especialmente vulnerables o en situación de exclusión social, la cual exige el desarrollo de una serie de medidas (políticas públicas), a cuya realización han contribuido, entre otros mecanismos e instituciones, las Defensorías del Pueblo. Además de la "vis expansiva" que los derechos de corte social o prestacional han tenido durante la pandemia, no hay que olvidar también las múltiples limitaciones sufridas por los derechos fundamentales clásicos y la necesidad de articular medidas para procurar el ponderado y proporcional ejercicio de dichos derechos, al objeto de garantizar la solidaridad e igualdad real.