Desde instancias oficiales internacionales se viene propugnando que si el Estado crea un marco legal para otorgar a las comunidades religiosas una personalidad jurídica que implica un estatus especial en el derecho interno, todos los grupos religiosos que así lo deseen deben poder solicitar dicho estatus (TEDH); de manera que las leyes concernientes a la personalidad legal de estos grupos deben constituirse de modo que faciliten el derecho de libertad religiosa, permitiendo el acceso a los derechos vinculados a la personalidad jurídica (OSCE). Sin embargo, en los últimos casos en que la Audiencia Nacional ha juzgado acerca de la denegación de acceso al Registro de Entidades Religiosas, se ha estimado bien denegada la inscripción, atribuyendo a la Administración al frente de dicho Registro una cierta potestad de calificación. La peculiar situación de este Registro -entre recobrar el carácter jurídico de que estuvo revestido y la de acabar de convertirse en un mero registro administrativo-, sin que la doctrina jurisprudencial haya desvirtuado esta incertidumbre, hace pertinente el estudio de la temática atinente al marco jurídico de la entidad religiosa en España, partiendo de sus aspectos más generales, como son la libertad de creencias y su dimensión comunitario-religiosa, hasta llegar a concreciones más particulares, fijando el estatuto de las entidades religiosas, el instrumento para su personificación jurídica y la actividad de calificación registral de la Administración.