El mundo digital es un territorio inexplorado y difícil para la constitución. No sólo porque el formato ha cambiado y sus pistas de lectura ya no se adaptan a nuestro equipamiento conceptual previo, sino porque los factores de poder del mundo digital no se ajustan a las previsiones constitucionales. Por diversos motivos "la constitución del algoritmo" (entendida esta expresión en el doble sentido de constitucionalizar el algoritmo y de digitalizar la constitución) tendrá que partir de nuevas bases si quiere controlar esos factores de poder. La constitución regula un mundo que no existe ya en parte o es socialmente irrelevante, especialmente en relación con los nativos digitales. Algunos de los preceptos constitucionales que afectan a los ámbitos en los que se desarrolla hoy la vida son una reliquia. No porque las normas que contienen no deban ser preservadas y garantizada su eficacia sino porque, en el mundo digital, el poder estatal que la constitución regula se ve incapaz de hacerlo. El problema no es solo que la constitución se dirija a una parte de la realidad que ya prácticamente no existe (la analógica) sino que no regule la realidad que se ha impuesto y que configura un nuevo tipo de sociedad que vive en un mundo digital. Algo que, naturalmente, no tiene que ver solamente con la transformación de los derechos fundamentales establecidos en la constitución sino también con la aparición de nuevos derechos que deben ser regulados para poder ofrecer condiciones de seguridad jurídica y de protección frente a los agentes globales que en la actualidad los lesionan de manera masiva.