En un mundo cada vez más digital y conectado los ciberataques tienen el entorno idóneo para demostrar la potencialidad de sus riesgos y la realidad, creciente en impacto y protagonismo, de los efectos de su acción. Anular, alterar, dañar, secuestrar, robar, suplantar, confundir, extorsionar… son múltiples las posibilidades, y en demasiadas ocasiones baratas y complicadas de atribuir, pero son aún peores los daños que causan en infraestructuras esenciales, en servicios, en sistemas financieros o de defensa, en la estabilidad de gobiernos y sociedades, como también en las empresas y profesionales de los medios de comunicación públicos y privados. Muy vinculados a la desinformación y a los conflictos híbridos, su paso no solo deja daños en la actividad, imagen o ingresos de los medios, también, aunque pase muy desapercibido, a la libre difusión de información y, sobre todo, por el posible daño que suponen para los sistemas democráticos por la denegación o alteración de información, contenidos o servicios imparciales y veraces. Con el constante aumento de las amenazas externas e internas a las democracias europeas, y a las instituciones que las sustentan, es cada vez más importante proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación de injerencias indeseadas y garantizar la libertad de expresión, cuestiones clave para asegurar el normal funcionamiento democrático y la libertad de los ciudadanos.