En la port.: CEU Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad San Pablo.

Bibliografía: p. [377]-399

La obra dibuja el marco multilingüe y pluricultural de un Estado que podríamos definir como un caleidoscopio de lenguas y culturas, enraizadas todas ellas en una misma Nación, pese a que surjan voces discrepantes que se sienten diferentes y ajenas a esa realidad histórica. La España democrática es inseparable de la heterogeneidad social y del respeto de todos y cada uno de sus ciudadanos, lo que exige el respeto también de todas y cada una de sus lenguas, empezando por el español y terminando por el catalán, el valenciano, el gallego, el euskera y los diferentes dialectos del país. Sin embargo, la realidad muestra un panorama diferente. Por ello, la obra analiza la situación jurídica del castellano frente a las lenguas cooficiales. El castellano, como lengua oficial, en virtud del artículo 3 de la Constitución, es una lengua de obligado conocimiento y voluntario uso, por parte de los españoles. Dicha obligación compromete a los poderes públicos, que deben garantizar el derecho a hablar o vivir en castellano. En esta línea, la obra se centra en un estudio de caso concreto, como es el derecho de acceso a la información pública en castellano que proporcionan los parlamentos autonómicos con lengua cooficial, para valorar la desprotección existente en ciertos territorios. El objetivo último es abordar soluciones que permitan fortalecer y hacer cumplir el mandato constitucional.