Bibliografía: p. [231]-264

En un escenario de sobrerregulación, panadministración y burocracia, la simplificación no puede ser sino un valor, lastrada sin embargo por inquietantes preguntas: tras el recurrente "nomen iuris", ¿realmente la Administración se ha simplificado? o, lo que es peor, ¿cuáles son los riesgos anudados a este desiderátum y en qué medida han sido conjurados? La presente monografía da respuesta a ello, en un esfuerzo por enhebrar desde un enfoque crítico las últimas reformas que -espoleadas por la crisis, liberalización europea, madurez tecnológica y otros factores- encuentran en la cultura de simplificación su común denominador. Es el caso de la Ley 27/2013 de racionalización local o las nuevas Leyes 39 y 40/2015, a partir de la teleadministración en el contexto de la Agenda digital; así como de las normas de liberalización de servicios y unidad de mercado, artífices de la intervención mínima en el acceso y ejercicio de actividades económicas. Estudio que, más allá de las reformas horizontales, desciende a una parte especial para revelar hasta qué punto la Administración de nuestros días no se comprende sin la metodología simplificadora. En concreto, nuestro principal motor económico, el sector turístico, plantea con nitidez la integración de sectores concurrentes de intervención, en una suerte de simplicidad definitiva. Aunque la novísima Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público embrida la cara menos amable del principio. Con medidas cruzadas que potencian la eficacia procedimental en favor de las PYME, pero subordinan también la misma a la competencia, sobre todo en parcelas de responsabilidad interna. Esta obra está actualizada a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.