A la importancia de la energía para el desarrollo social y económico, en su doble papel de insumo productivo y de bien de primera necesidad, la energía eléctrica añade su carácter insustituible en la mayor parte de las innovaciones científicas y tecnológicas actuales, en especial en el campo de la denominada digitalización. El sector cuenta en España con una compleja regulación que afecta a todas sus actividades, desde la generación hasta la comercialización y suministro y, a día de hoy, algunos problemas que afectan al sector subrayan la necesidad de analizar en profundidad esta regulación y adoptar en su caso reformas adecuadas. Entre otros, son visibles en los años más recientes tensiones en el mercado, inseguridad jurídica en ciertas inversiones y volatilidad de los precios. De ahí el doble interés de acometer un informe sobre el sector eléctrico en España en este momento: su marco regulatorio requiere reformas para solucionar problemas actuales, pero también para dar respuesta a los retos que se dibujan para el futuro. Y estas reformas deben hacerse de manera que puedan aprovecharse las oportunidades que se perfilan en el proceso de transición. Algunas de las principales cuestiones que se plantean son la viabilidad económico-financiera de la elevada inversión en nueva capacidad renovable, el papel de la generación con fuentes no renovables en la garantía de la seguridad de suministro del sistema eléctrico, o la formulación de una fiscalidad ambiental capaz de orientar correctamente el mercado. Por otro lado, es necesario preservar en pie de igualdad con el objetivo ambiental el cumplimiento de los grandes objetivos económicos y sociales, de manera que se hace imprescindible abrir una amplia reflexión sobre las cuestiones económicas, laborales y sociales concernidas por esta transición, necesidad que se subraya habitualmente a través de la denominación como "transición justa".