Bibliografía: p. [377]-403

Durante los últimos 50 años, España ha sido uno de los pocos países donde se ha convivido a diario con la violencia terrorista de una organización separatista de fuertes raíces nacionalistas radicales y cuyas pretensiones "independentistas" se fundamentan en la reivindicación de un pasado histórico (social, cultural y político) que, supuestamente, le ha sido cercenado por el Estado en el que está integrada actualmente. Esta violencia terrorista expresada de múltiples formas como son: la extorsión, la amenaza, el secuestro o el asesinato, y que ha dejado hondas secuelas físicas, morales y psicológicas a un gran número de personas de la sociedad vasca y española, no ha dejado de ser una preocupación constante de todos los Gobiernos españoles a partir de 1975 (año del fallecimiento del entonces Jefe del Estado español, General Franco). En consecuencia, dichos Gobiernos han intentado hacer frente al miedo y al terror de ETA, no sólo con medidas judiciales y policiales propias del Estado de Derecho, sino también a través del diálogo e intento de negociación con los responsables de dicha organización terrorista para el cese de la violencia. La finalidad en todos los casos ha sido acabar con la práctica terrorista y, bajo el marco de la legalidad vigente en cada momento, tratar de buscar una solución definitiva al problema político-cultural existente entre el País Vasco y el Estado español 8considerado por el entorno nacionalista radical como el origen del conflicto) y que el nacionalismo vasco ha denominado como "conflicto político vasco". Los procesos de negociaciones de los diferentes Gobiernos españoles y la organización terrorista ETA han constituido un hito en la reciente historia de España y supuesto un importante modelo, por sus especiales características, de resolución de conflictos muy a tener en cuenta en los estudios internacionales sobre procesos de paz.