Al igual que en otros países de Europa occidental, la construcción de la democracia tiene lugar en España siguiendo un largo proceso, cuya gestación se sitúa en las décadas finales del siglo XVIII, a la sombra de la Revolución francesa, y que en los dos siglos sucesivos experimenta una serie de avances y retrocesos, con predominio manifiesto de los segundos, siendo el último la interminable dictadura del general Franco. La responsabilidad de semejante trayectoria no reside en problema alguno de incapacidad de los españoles para consolidar la modernización política esbozada ya durante el reinado de Carlos III y materializada en la Constitución de 1812, sino en el complejo de factores que hasta la segunda mitad del siglo XX afectan a las bases económicas del cambio político y cultural. La revolución jurídica y política tuvo lugar en nombre de la nación española, en el curso de la guerra de la Independencia, pero ese salto adelante coincidió con la destrucción de las precondiciones que lo habían hecho posible, por las ruinas de la guerra y la pérdida del imperio continental americano (Pierre Vilar). La revolución liberal fue en consecuencia un proceso traumático, que logró la supervivencia asumiendo una fórmula de compromiso con los poderes dominantes del Antiguo Régimen (monarquía, nobleza terrateniente), y eliminando la participación política, de hecho hasta la Segunda República. Paralelamente, intereses de la minoría y atraso económico generaron sucesivos estrangulamientos en el crecimiento capitalista, en la integración del mercado nacional, en la educación y en predominio de los poderes civiles sobre el militarismo. Las consecuencias fueron decisivas, en cuanto a la presencia de un hilo negro que a partir de las campañas coloniales afirma un corporativismo militar, celoso en la salvaguardia de los privilegios de un Ejército incapaz de vencer en una guerra exterior, y asimismo en el fracaso de la consolidación de un Estado-nación español, frente al cual surgen como alternativas los nacionalismos periféricos.