Bibliografía: p. [353]-358

La trascendencia del principio de autonomía escolar encuentra su fundamento en la consideración de la educación como derecho humano fundamental. La persona constituye el centro de los procesos educativos: de ahí la necesidad de un marco de personalización, adaptación y respeto a los diversos entornos sociales y culturales en los que tiene lugar la tarea educativa. Los informes internacionales y las investigaciones de los últimos años ponen de manifiesto que una mayor autonomía de los centros hace posible una mayor calidad de enseñanza y una mejora de los resultados, en la medida en que, unida a la rendición de cuentas, potencia una mayor implicación del profesorado y un liderazgo escolar que impulsa los procesos de mejora. Ante la pertinencia de promover el principio de autonomía escolar, nos encontramos con que, tanto en la legislación como en la doctrina, ha sido poco precisada su dimensión jurídica. El mismo concepto de centro educativo, su engarce dentro del Derecho de la organización administrativa, y el análisis jurídico de cómo inciden en él cuestiones capitales como el marco competencial, las técnicas de transferencia, el control de la Administración y el principio de jerarquía al que se ve sometido, no han sido hasta la fecha objeto de un estudio suficientemente amplio y sistemático.