Incluye referencias bibliográficas

Ante la criminalización de la protesta que se está imponiendo en el Estado español, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que nos encontramos ante un nuevo reto que viene a desafiar los logros conseguidos, fruto de grandes luchas sociales, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Primero fueron los recortes en derechos económicos, sociales y culturales y luego, para acallar a los que se negaron y se niegan a conformarse, se impulsaron medidas represoras para desarticular el derecho a protestar. En este período de graves recortes en derechos y libertades una de las soluciones y reacciones que se han impulsado desde instancias gubernamentales ha consistido en intentar silenciar a la sociedad y amordazar a las voces críticas, utilizando un entramado jurídico, para disuadir a la ciudadanía de participar en los actos de protesta. Nos enfrentamos a un conjunto de medidas, con finalidad claramente preventiva, que pretenden, en muchos aspectos, configurar un derecho administrativo sancionador del enemigo, en el que la Administración es juez y parte y el ciudadano que protesta es el enemigo. Todo esto enmarcado en un maniqueo discurso de defensa del orden público, en el que predomina la seguridad nacional y la seguridad del Estado sobre la seguridad de los ciudadanos.