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Si bien, a través de la Constitución y las leyes, el ordenamiento procura conseguir en el mayor grado posible la seguridad jurídica -y consiguientemente, desde el punto de vista subjetivo, la certeza de la juridicidad y la predecibilidad por parte de los ciudadanos de la actuación de los poderes públicos-, es una realidad que dicha seguridad sólo se alcanza relativamente y no siempre en alto grado. Son evidentes las graves deficiencias de la legislación -torrencial, continuamente cambiante, imprecisa- y también los defectos de seguridad que pueden provocarse por consecuencia de la actividad administrativa y de la actividad judicial. Se puede decir, en efecto, que el grado de seguridad que se alcanza es proporcional a la reducción de la inseguridad que es posible conseguir. Hay que reconocer, además, que los defectos de seguridad indicados son en la actualidad mucho más intensos que en otras épocas, aunque en ninguna de las fases de la evolución del derecho hayan sido desconocidos.