Una reconstrucción de los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público Lucía Fernández Delpuech
Tipo de material:
TextoSeries Derecho público ; 2Detalles de publicación: Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015Edición: 1ª edDescripción: 597 p. ; 24 cmISBN: - 978-84-340-2210-2
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Tesis--Universidad de Granada, 2014
Bibliografía: p. 565-597
En esta obra se analizan los mecanismos legales que podrían contribuir a una más efectiva vigencia de los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Este derecho está reconocido y cuenta con desarrollo legal, pero los mecanismos legalmente previstos son insuficientes para evitar las vulneraciones de tales principios (procesos selectivos diseñados ad personam, excesivos empleados temporales para necesidades estructurales, abuso en la utilización del personal eventual y de los contratos administrativos de servicios, falta de transparencia del procedimiento, etc.). La cuestión del respeto a los principios de mérito y capacidad ha sido estudiada por la doctrina, y cuenta con avances en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, como innovación, la obra aporta un enfoque detallado y práctico de las soluciones concretas que podrían darse a las distintas vulneraciones que sufren los citados principios, novedosas y caracterizadas por un enfoque práctico poco habitual en los estudios sobre la materia. El presente trabajo de investigación se basa en un estudio muy riguroso tanto del Derecho positivo (analizando las fuentes del Derecho, la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y diversas resoluciones de otros órganos judiciales nacionales e internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), como de la doctrina, partiendo del análisis de obras generales sobre Derecho Administrativo y sobre Empleo Público para, a continuación, profundizar en el estudio de monografías. También se toman en consideración diversas aportaciones, tales como Informes del Defensor del Pueblo, de Defensores del Pueblo autonómicos, del Consejo Económico y Social, y de órganos consultivos de las Administraciones autonómicas.
