La regulación legal del cohecho es la más extensa entre las destinadas en el Código Penal a la punición de las conductas delictivas que pueden cometer los funcionarios públicos. Este dato es un indicador de la trascendencia que el Legislador penal español (del mismo modo que sucede en otros países de nuestro entorno cultural) otorga a la corrupción que está en la base de esta infracción, y que consiste en la venalidad del funcionario público o autoridad, esto es, en su disposición a aceptar o solicitar dinero o bienes de contenido económico con motivo, o en relaión, con el desempeño de la función pública encomendada a los mismos