La nueva «supermayoría» de jueces conservadores de la Corte Suprema norteamericana ha adoptado, desde el año 2020, un nuevo estándar de constitucionalidad, el «tradicionalismo», y con él ha derogado la protección del derecho al aborto vigente para las mujeres estadounidenses durante medio siglo; ha aminorado la posibilidad de restricción del uso de armas de fuego; ha limitado la capacidad de las agencias gubernamentales para proteger la salud, la seguridad públicas y detener el cambio climático, y ha declarado inconstitucionales las medidas de discriminación positiva tradicionalmente empleadas por las universidades estadounidenses para garantizar la igualdad por motivos de raza. Esta regresión en materia derechos fundamentales trae causa de la aplicación del test de la «historia y tradición». Al análisis de este y de las consecuencias y riesgos de su aplicación se dedica el presente artículo.