El desarrollo de la técnica normativa, el arte de legislar con calidad, como expresión de la denominada regulación inteligente supone promover la mejora de las normas no sólo desde una perspectiva formal, sino también material. La evaluación de normas (o de la política legislativa) y de sus consecuencias (sea "ex ante" o "ex post") se está convirtiendo en un ámbito de actividad jurídica cada vez más conocido y reconocido, vinculándolo a la calidad. Evidentemente, existe una relación directa entre evaluación legislativa "ex ante" y "ex post": la primera permite fijar los términos a evaluar en la segunda (el cumplimiento, por ejemplo, de las previsiones recogidas en la memoria de análisis de impacto normativo) y la segunda, permite mejorar los sistemas de evaluación del impacto prospectivo. Existen así varios elementos que permiten afirmar que la evaluación tanto "ex ante" como "ex post" de las normas es ya una necesidad ineludible de nuestro sistema jurídico, no sólo por razones de calidad, eficacia y eficiencia normativa, sino también como instrumentos que pueden ayudar a contrarrestar el alto grado de desafección social que muestran nuestras democracias contemporáneas.