En los últimos años el Tribunal de Justicia ha fortalecido de forma contundente las normas comunitarias sobre circulación de personas. A partir de los artículos 17 y 18 TCE, donde se consagra el concepto de ciudadanía europea, la jurisprudencia ha ido dando cobertura a un colectivo cada vez más amplio, que por el hecho de ejercer la libre circulación han visto cómo se han restringido sus derechos. En este artículo se analiza esta línea jurisprudencial, poniendo el énfasis en los puntos a desarrollar de cara al futuro.